El fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, indagó este lunes a Patricia Defunchio, imputada por presunta partícipe necesaria de tentativa de defraudación a la administración pública. Es la madre de Virginia Martínez, la empleada fantasma contratada por la Legislatura de Córdoba el 1 de diciembre del año pasado y cuyo primer sueldo intentó cobrar por ventanilla el exfuncionario municipal, Guillermo Kraisman.

Defunchio sólo declaró que Kraisman le pidió el DNI de su hija y no respondió preguntas.

Virginia Martínez también está imputada por falso testimonio. Negó haber pisado la Legislatura ni tenido contacto, pero los chat con un empleado de la oficina de la legisladora, Nadia Fernández, la contradicen en los hechos.

Sobre la legisladora, en cambio, el fiscal Mondino no tiene por el momento ninguna sospecha. La declaración testimonial de su colaborador, quien intervino en la confección del contrato, confirmó que fue autorizado y firmado por la legisladora oficialista.

Para el magistrado, la elaboración del contrato de Martínez no tiene visos de ilegalidad.

Mondino pidió, además, un informe a la Legislatura con detalles del procedimiento de la contratación.

El caso plantea un fuerte impacto político, especialmente a la conducción de la Unicameral encabezada por Myrian Prunotto.

También generó dudas sobre a quiénes se contrata, bajo qué modalidad. La presión hizo que se publicara una lista de 1.054 personas contratadas, entre las cuales hay exintendentes y familiares de dirigentes políticos y asistentes que los legisladores reconocen que emplean para gestionar contactos en sus ciudades y departamentos. Es decir, resultan ser muchos de esos contratados los comúnmente llamados punteros políticos.

¿Reparación para quién?
Por otra parte, Guillermo Kraisman solicitó prisión domiciliaria y ofreció por segunda vez un resarcimiento económico.

El exfuncionario municipal fue a una sucursal del Banco de Córdoba con Luciana Castro en enero, abrió la cuenta a nombre de Martínez con un documento de la mujer e intentó retirar $950 mil del sueldo de diciembre. La maniobra se frustró por intervención de la cajera del banco y Kraisman y Castro terminaron detenidos.

Inicialmente fueron imputados por tentativa de estafas. Luego, el Juzgado de Control modificó la calificación legal. En la audiencia celebrada a mediados del mes pasado, Kraisman ofreció reparar el daño a Martínez, cuando la presunta damnificada todavía no había sido imputada por falso testimonio.

Como en esa audiencia, el juez Gustavo Hidalgo consideró que el delito que correspondía aplicar es el de defraudación a la administración pública. En base a ello, no aceptó la reparación ofrecida.

La semana pasada, por segunda vez, hicieron una propuesta de reparación integral del daño. Kraisman ofreció $ 1 millón y Castro $500 mil. Lo que no se entiende es a quién pretenden reparar. El tema debe ser resuelto por Mondino.

La pregunta que queda flotando es qué pasó entre Kraisman, Defunchio y Martínez para que el caso saltara por los aires. Si Martínez efectivamente tenía un contrato legal en la Unicameral, ¿por qué Karisman fue a cobrar su sueldo? El quid del caso que destapó un escándalo político todavía es una incógnita.